COLEGIO DE MÉDICOS DE BIZKAIA

La Audiencia Provincial de Bizkaia ha estimado el recurso de apelación presentado por Mutualia

Existen ocasiones en las que es complicado entender a la Justicia, y en nuestra opinión, una de esas ocasiones es la del caso que hoy os contamos, en el que, por cierto, la participación de nuestro Colegio ha sido crucial para lograr la condena de un intruso en la Medicina

El juzgado de lo contencioso-administrativo nº 6 de Bilbao dictó, a finales del pasado mes de marzo, una sentencia a través de la cual estimaba el recurso presentado por una médica a la que se había sancionado con tres días de suspensión de empleo y sueldo por una falta grave de desconsideración a un superior

Alfonso Atela, abogado del Colegio de Médicos de Bizkaia, ve claro que la interpretación de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que equipara el cese de un temporal al del fijo, incluye al interino estatutario

El pasado mes de noviembre enviamos una circular a todos nuestros colegiados informándoos de que ante la petición de la Inspección de Finanzas de la Hacienda Foral de Bizkaia y bajo apercibimiento de sanción en caso de incumplimiento, a algunos colegiados se les había reclamado una serie de datos sobre los pacientes. Entre estos datos figuraban el nombre, los apellidos y el DNI así como la descripción del servicio realizado.

Dos recientísimas sentencias de la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca condenan a sendos médicos a penas de prisión e inhabilitación por la entrada en los ficheros del Instituto Balear de Salud, para acceder a historias clínica de pacientes que no eran suyos, sin autorización y sin motivo asistencial.

La Asesoría Jurídica del Colegio de Médicos de Bizkaia explica cómo el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco acaba de dictar una sentencia del mayor interés, entre otros motivos porque responsabiliza al empresario en caso de agresión al médico.

El Constitucional determina que esta cuestión corresponde al Estado

Esta es la conclusión a la que se llega a la vista de la sentencia de mayo de 2014, dictada por la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.